La ley de comercio exterior regula las transacciones económicas con el extranjero. Persigue objetivos de política económica, exterior y de seguridad y sirve para imponer los intereses nacionales primordiales frente a los intereses de los comerciantes. Los intereses económicos y fiscales del Estado, la UE o la ONU, así como los intereses culturales, políticos y militares, especialmente el interés en el control y limitación de armas peligrosas, anulan y restringen el derecho privado. Regímenes internacionales de control de las exportaciones son el Grupo de Australia, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MCTR), el Grupo de Suministradores Nucleares, el Acuerdo de Wassenaar y el Comité Zangger. Las normas jurídicas se encuentran en el Derecho de la Unión Europea sobre la base de la competencia exclusiva de la Unión Europea para controlar el comercio exterior (véase el artículo 207 del TFUE), por ejemplo, en la Directiva sobre equipos de defensa, el llamado Reglamento sobre el doble uso, el Reglamento contra la tortura y el Reglamento Kimberley.

Al márgen de los arriba nombrados, existen regulaciones en la Ley de Aplicación de la Organización Común de Mercados para la importación y exportación de bienes de regulación del mercado, en la Ley de Control de Armas de Guerra, en la Ley de Aplicación de la Convención sobre Sustancias Químicas, así como en la Ley de Comercio Exterior y Pagos (AWG) y el Reglamento de Comercio Exterior y Pagos (AWV). El Derecho penal del comercio exterior es una subárea del derecho de comercio exterior y pagos que prevé sanciones para determinadas infracciones (por ejemplo, prohibiciones de exportación, importación, tránsito, transferencia, venta, adquisición, entrega, suministro, transferencia y disposición). La ley prevé este tipo de sanciones, por ejemplo, en el caso de las violaciones de los embargos de armas (sección 17 de la AWG), así como de las violaciones a otras prohibiciones de exportación o importación. Se regulan importantes disposiciones penales para delitos intencionales, de acuerdo con las secciones 17 y 18 de la AWG, y disposiciones sobre multas para las violaciones (predominantemente negligentes) en la sección 19 de la AWG.