El derecho penal contra la desinformación incluye normas para sancionar las interferencias deliberadas en el acceso a la información. Se trata de un nuevo ámbito jurídico que está cobrando cada vez más importancia en el contexto de la digitalización. Hasta ahora no existe un delito específico para las «noticias falsas», pero ciertas formas de desinformación pueden ser perseguidas penalmente, por ejemplo, como difamación o incitación al odio, si dañan la reputación de una persona o ponen en peligro el orden público. En particular, la difusión de información falsa deliberada a través de las redes sociales supone un reto que requiere una sólida experiencia jurídica.
